Estamos acostumbrados a que en un proceso de cese de convivencia de la pareja o en casos de separación y/o divorcio del matrimonio, ya sea de mutuo acuerdo o contencioso, se establezca, bien por convenio regulador o por sentencia, entre otras cuestiones, a quién atribuir el uso de la vivienda familiar. En los casos en que hay hijos menores, en la mayoría la solución suele ser atribuir el bien inmueble al progenitor que tenga la guarda y custodia de los hijos.
El problema radica en que, en ocasiones, es insostenible mantener las deudas que mantenía la familia, normalmente la hipoteca, y no queda más remedio que proceder a la venta de la vivienda, llegando a cabo incluso la subasta pública.
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 06.02.2018 ha traído una novedad que puede afectar precisamente a estos casos en cuanto a la venta o subasta pública del inmueble y a la vinculación con el domicilio familiar.
En la sentencia se expone la situación de una pareja de hecho con una hija menor de edad en común que deciden poner fin a su relación de convivencia, fijando un convenio regulador para la menor. Este convenio fue aprobado judicialmente, donde se destaca la guarda y custodia de la menor con su madre y, a su vez, la atribución de la vivienda a la hija y a su progenitora. La peculiaridad del convenio radica en que incluyó dentro de esta estipulación que cesaría dicha atribución con la venta del bien inmueble.
La enajenación de la vivienda se realizó mediante subasta pública y finalmente se adjudicó la vivienda. Desde ese mismo instante el adquiriente interpuso demanda de desahucio por precario para poder recuperarla al ser ahora el propietario y poder usarla, ya que tanto la hija como la progenitora seguían utilizándola. Las alegaciones de la progenitora que usaba el bien inmueble se fundaron en el carácter de domicilio familiar, ya que la convivencia con su hija menor en dicho inmueble estaba recogido y reconocido en el Convenio Regulador aprobado por el juez, entendiendo que no procedía desahuciarla por la protección que tiene el interés de la menor y su aprobación judicial.
Finalmente, la Sala del Tribunal Supremo expone en su sentencia que, a pesar de ser una situación relativa a pareja de hecho y primar el interés de los hijos menores, la atribución de la vivienda (domicilio familiar) se rige por lo establecido en la ruptura, es decir, por lo aprobado judicialmente en el Convenio Regulador.
Esto implica que, a pesar de tener inicialmente el carácter de domicilio familiar, el propio convenio expresaba que ambas partes, incluyendo la progenitora que se oponía a abandonar la casa, aceptaba que cesaría dicha atribución con la venta del inmueble, la cual ambos pudieron pujar y no había manifestación alguna expresamente de prohibición.
Concluye que ésta no puede evitar el derecho del uso por parte de la persona que ha adquirido la casa, ya sea mediante venta o adjudicación en subasta pública. Y todo ello, a pesar que su ex pareja, copropietario de la vivienda o un tercero ajeno al ámbito familiar se adjudicará o adquiriera este bien inmueble.
Por lo tanto, el progenitor que no tenía inicialmente atribuido la vivienda familiar puede adjudicarse el bien inmueble, en este caso, mediante subasta pública, desapareciendo, por tanto, el carácter de domicilio familiar.
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