La vivienda familiar alquilada o cedida en casos de divorcios

La vivienda familiar alquilada o cedida en casos de divorcios

 

En la mayoría de procedimientos de familia relativos a separación judicial o divorcio se discute, entre otras cuestiones, la atribución de la vivienda familiar del matrimonio, haya o no hijos, teniendo en común la propiedad de la finca, pertenecer a uno de los cónyuges o incluso estar el inmueble hipotecado.

Debido a la crisis y a la economía particular de cada persona es más habitual recurrir a una vivienda alquilada o arrendada que adquirirla en propiedad. Por ello, el objetivo de este artículo es aclarar qué ocurre si la vivienda familiar pertenece a un tercero, sea o no familiar, cedido gratuitamente al matrimonio o pareja que decide romper su vínculo, o bien, incluso si hay un alquiler de por medio.

Generalmente suele atribuirse la vivienda familiar a uno de los cónyuges, ya sea por convenio regulador de mutuo acuerdo o por sentencia, adjudicándosela normalmente quien demuestre que su economía es peor en caso de no haber hijos, o bien, quien consiga la guarda y custodia de los hijos menores, pero puede pasar que el mencionado bien inmueble no pertenezca en propiedad a ninguno de los dos cónyuges, sino que la propiedad pertenezca bien a un familiar o a un tercero y éste haya firmado un contrato de alquiler con alguno de los cónyuges o que se reciba como cesión gratuita para la convivencia matrimonial. Por eso será necesario distinguir ambas circunstancias:

1- Vivienda con contrato de alquiler o de arrendamiento.

El contrato de arrendamiento puede estar firmado tanto por ambos cónyuges, pero lo más frecuente será que esté rubricado  por uno solamente. Si en el caso de separación o divorcio se le atribuye la vivienda a quien aparezca como arrendatario en el contrato de arrendamiento, nada tiene que modificar.

En cambio, si se le atribuye la vivienda familiar al cónyuge que no firmó el contrato de alquiler, será obligatorio realizar una serie de trámites necesarios e imprescindibles. Por ello, la solución más sencilla para estos casos, ya viene contemplada y expuesta en el artículo 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El cónyuge que no era titular del contrato de arrendamiento podrá continuar en la vivienda alquilada, salvo que no quiera seguir permaneciendo. Para poder mantenerse en el inmueble arrendado debe comunicar y aportar copia de la sentencia de manera fehaciente (por ejemplo, burofax) al propietario del piso en el plazo de 2 meses desde la notificación judicial. De esta manera se subrogará en el contrato con los mismos derechos y obligaciones, evitando que el propietario extinga el contrato de alquiler.

Por otro lado, si habían firmado el contrato de arrendamiento ambos cónyuges, al haber separación o divorcio requerirá que se modifique el contrato.

Todo lo citado se extiende para los casos de parejas de hecho, pero si no hay hijos en común, será necesario acreditar además que quien se quede como alquilado en el inmueble o piso haya convivido con su pareja los dos años previos a la separación.

Se aconseja a su vez que este contrato de alquiler aparezca inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que una modificación de estas características puede conllevar a diversos problemas en el futuro, y no perder los derechos ni tener que abandonarla. De hecho, hay que tener en cuenta que esta modificación del contrato de alquiler de la vivienda no solamente puede producirse en los arrendatarios sino también en la figura del arrendador o propietario, ya sea por cambio de titularidad o por fallecimiento.

2- Vivienda familiar cedida gratuitamente por un familiar.

Otro extremo bien distinto es si es cedida gratuitamente por parte del propietario a un familiar, normalmente a un hijo/a o descendiente para que viva durante el matrimonio. En los casos de separación o divorcio, la Jurisprudencia ha entendido que esta ruptura no puede afectar a los propietarios y, que al carecer de título para poseerla o usarla, se entiende que esté ocupándola sin permiso. En esas circunstancias se suele recuperar la posesión por desahucio por precario, si no se abandona previamente, especialmente si con la ruptura del vínculo matrimonial se adjudica el uso de la vivienda al ex-yerno o ex-nuera. Solamente cabrá interpretación a comodato y no precario, si está fijado por contrato escrito la duración de la cesión.

Si te encuentras ante cualquier situación relativa a separación o divorcio donde medie un contrato de arrendamiento de vivienda o cesión de terceros confíe en nosotros. En Rojano Vera Abogados podrás recibir asesoramiento de nuestro grupo de abogados especializados, donde estudiarán su caso particular y buscarán la solución más exitosa para su problema.

Para cualquier consulta o aclaración pude contactar con nosotros mediante el teléfono de la parte superior o mediante la web www.rojanovera.com o www.dondivorcio.com

El derecho del menor a ser oído y su función en los procesos judiciales

El derecho del menor a ser oído y su función en los procesos judiciales

 

Se tiene la absoluta certeza que en los procesos judiciales, especialmente en situaciones relativas al proceso de familia como es la separación o el divorcio, se pretenda proteger principalmente a los hijos menores. El problema es que se tiende a que el menor no sea escuchado cuando seguramente tenga formada su opinión sobre las decisiones que afectan a su ámbito y quiera manifestarse.

Ya desde la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño se recoge el derecho del menor a ser oído en los asuntos que sean de su interés, incluyendo los procesos judiciales.

La audiencia del menor podría servir para ayudar a esclarecer ciertos hechos o aclarar diversas controversias, incluyendo la posibilidad de saber su deseo u opinión. Esto puede tener gran repercusión en una pluralidad de acontecimientos que atañe precisamente al propio menor como son el régimen de guarda y custodia y en una variedad de procesos contenciosos. Hay que tener en cuenta que el menor puede estar influenciado por alguno de los progenitores u otros allegados. De ahí que la decisión del menor no es vinculante, sino que será necesario tenerla en cuenta junto al resto de circunstancias, primando lo más beneficioso para el menor, pero no obligatoriamente se establecerá lo que el menor desea.

Debido a la arcaica regulación legal, tanto las antiguas redacciones del artículo 92 del Código Civil como el artículo 770. 4  la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijaba como edad de referencia los 12 años, ya que se consideraba que a partir de la mencionada edad el menor tiene suficiente juicio y madurez. Se extendía que incluso el menor de 12 años excepcionalmente debería tener audiencia siempre que se demuestre la madurez necesaria para ser oído, ya incluso amparado por la propia Ley Orgánica de Protección del Menor.

La regulación sobre este deber que tenía el menor se fue modificando, siendo sustancialmente diferente en la actualidad. Debido a los cambios radicales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente en los años 2005 y 2009, generaron alteraciones en la redacción del artículo 92 C.c. y 770.4 de la LEC.

Por tanto, se resume que en la actualidad el menor de 12 años o menor de esa edad con juicio suficiente tendrá audiencia de manera opcional y no obligatoria, al arbitrio del Juez,  siempre que se cumplan determinados requisitos:

            – Solicitud del Ministerio Fiscal de oír al menor, debidamente justificada.

            – Petición del equipo técnico o de alguna de las partes del proceso, previa justificación.

            – Estimación del Juez considerando adecuado escuchar al menor visto los informes periciales y habiendo conflicto entre las partes. Esta potestad la ejercerá siempre que considere que no es perjudicial para los intereses del menor o innecesario.

            – Primordial y fundamental que el menor tenga el deseo que se produzca la audiencia.

Si necesitas resolver cualquier situación de derecho de familia, habiendo o no menores, contacte con nuestro despacho. Rojano Vera Abogados cuenta con un grupo de profesionales y especialistas en diversas materias donde estudiaremos su caso y defenderemos sus intereses mediante las mejores vías posibles para obtener el éxito deseado.

 

Para cualquier consulta o aclaración pude contactar con nosotros mediante el teléfono de la parte superior o mediante la web www.rojanovera.com o www.dondivorcio.com

Las bondades del divorcio de mutuo acuerdo

Las bondades del divorcio de mutuo acuerdo

 

Se suele relacionar el divorcio de un matrimonio como una ruptura dolorosa y un trámite extenso y costoso, pero no siempre es así. El divorcio puede ser de dos tipos: contencioso, que es el inicialmente descrito, pero también puede ser de mutuo acuerdo, siendo amistoso y sin tantos conflictos ni dilataciones en el tiempo. Ambos tipos de procedimiento no son exclusivos para matrimonios sin hijos, sino que también puede acogerse habiendo hijos nacidos en común.

El divorcio de mutuo acuerdo destaca por diversas bondades con respecto al divorcio contencioso, pudiéndose resumir en estas características:

1- Mutuo acuerdo y libertad de pactos.

Como su nombre indica, permite a ambas partes alcanzar un acuerdo total en cada uno de los conceptos recogidos en el Convenio Regulador. No solamente conduce a que el divorcio se haga en buena armonía, sino que permite alcanzar múltiples acuerdos satisfactoriamente. Hay que tener en cuenta que en Convenio Regulador no solamente se recoge el divorcio como tal, sino que también se regula, según el caso concreto, la pensión compensatoria, guardia y custodia de los menores, régimen de visitas, vivienda de la familia y pensión de alimentos de los hijos si los hubieran, entre otros aspectos.

Gracias a esta vía, permite no solamente a evitar el sufrimiento de los cónyuges, sino también el del resto de los seres queridos que le rodean y se preocupan, incluyendo a los hijos. Conduciéndolo por el contencioso sería más complejo alcanzar y cerrar un acuerdo exitoso para ambas partes.

2- Sencillez y económicamente más barato.

Debido a que todo se tramita amistosamente, evita tener que producirse enfrentamientos judiciales innecesarios, siendo a nivel económico menos costoso y más rentable.

3- Ágil y rápido.

Otra gran ventaja es que, junto a este ahorro económico, es un procedimiento que destaca por su celeridad y, permite resolverse en un plazo medio de 6 a 8 semanas hasta su aprobación judicial. En cambio, la vía contenciosa permite que el divorcio se dilate en el tiempo, ya que se puede extender fácilmente a un año o más, según los puntos conflictivos.

4- Permite ahorrar futuros procedimientos.

Al solicitar el divorcio de mutuo acuerdo también se permite incluir la liquidación del régimen matrimonial, siendo la más habitual, el régimen de sociedad de gananciales. Si se tramita posteriormente no solamente supondría gastar más dinero, sino que sería un procedimiento excesivamente lento y, con casi total probabilidad, conflictivo. Por eso, es recomendable que si se produce un divorcio de mutuo acuerdo se aproveche para pedir la liquidación a su vez.

5- Procedimiento adaptable.

Otra gran ventaja, es que si en ocasiones, los cónyuges, a la hora de divorciarse suelen plantear demanda contenciosa, pero en el proceso se suelen arrepentir por diversos factores, pueden reconducirlo finalmente a la vía amistosa sin mediar juicio. El concepto de adaptable se debe a que, a pesar de plantearse inicialmente por contencioso, se puede reconducir o adaptar a mutuo acuerdo, con consentimiento de todas las partes, para obtener los beneficios anteriormente citados.

6- Divorcio notarial.

Opcionalmente, la vía del mutuo acuerdo abre la posibilidad incluso de que, en el caso de divorciarse de mutuo acuerdo y no haber hijos menores de edad o que dependan de los progenitores, tramitarse vía notarial, aunque según el caso concreto, puede ser más rentable o más costoso.

Por todo ello, si necesitas asesoramiento o que te tramitemos tu caso de divorcio cuenta con nosotros. En Rojano Vera Abogados estudiaremos las diversas vías posibles y gestionaremos la solución más acorde a su caso para encontrar una solución exitosa, ágil, profesional y económica.

 

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¿Cuándo tengo derecho a la pensión compensatoria?

¿Cuándo tengo derecho a la pensión compensatoria?

Cuando se produce una crisis matrimonial, puede ocurrir que una de las partes vea perjudicada su situación respecto a la que tenía con anterioridad a la separación o divorcio. En estos casos, se permite que dicho cónyuge perciba una compensación para mejorar la situación de desequilibrio económico, la cual podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia que emita el juez. Es la llamada pensión compensatoria.

Como se observa de la definición anterior, la pensión compensatoria es perfectamente indiscriminada, lo que significa que puede ser percibida por cualquiera de los cónyuges. En este sentido, se pretende que aquella parte que ha dedicado su vida a un matrimonio que ha dejado de existir, con independencia de que sea hombre o mujer, y que ha visto perjudicada su posición, pueda compensarla económicamente.

Dicha compensación económica vendrá determinada por los cónyuges en el caso de que hayan conseguido alcanzar un acuerdo o, en caso contrario, el juez, en su sentencia, determinará el importe de la misma. Para dicha valoración, el juez tendrá en cuenta algunos aspectos, como la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia o la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. Por eso, no surgirá tal derecho cuando ambos tengan bienes propios o ingresos suficientes que les permita mantener un nivel de vida similar al anterior a la crisis matrimonial.

El montante de la pensión se materializa, generalmente, en la percepción de una cantidad periódica y fija de dinero, si bien también es posible que consista en un porcentaje sobre los ingresos obtenidos por el ex cónyuge obligado a abonarla.

Por otro lado, es conveniente señalar la necesidad de existencia de matrimonio previo para que pueda surgir el derecho a la pensión compensatoria. Ello implica, en principio, que las parejas o uniones de hecho no tienen derecho a la percepción de dicha compensación económica. Sin embargo, en algunos supuestos, se admite la llamada pensión reparadora, siempre que la pareja de hecho se encuentre reconocida judicialmente y que realmente exista el desequilibro económico.

Finalmente, es totalmente posible que, en cualquier momento, se acuerde la sustitución de la pensión compensatoria que las partes hayan fijado o que se haya establecido judicialmente, por una renta vitalicia, el usufructo de ciertos bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero.

Por ello, en caso de encontrarse inmerso ante un problema relativo a la pensión compensatoria, puedes contactar con nosotros. En Rojano Vera Abogados estudiaremos las diversas vías posibles y gestionaremos la solución más acorde a su conflicto para encontrar una solución exitosa y profesional.

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Mi hijo ya no estudia ni trabaja

Mi hijo ya no estudia ni trabaja

LA EXTINCIÓN DE ALIMENTOS POR MALA CONDUCTA DEL HIJO MAYOR

Son frecuentes los casos en que los padres se separan o divorcian donde hay hijos comunes, pero cada vez más se dan que los hijos mayores perciben la pensión de alimentos establecida por sentencia o convenio regulador mientras no buscan trabajo, no cursan formación académica o ni siquiera se esfuerzan en sus estudios.

Una muestra de ello es la reciente Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo (STS 395/2017, de 22 de junio de 2017), donde no solamente se procede a la extinción de la pensión alimenticia que percibía el hijo mayor de edad, sino incluso la contribución al alquiler.

En la sentencia se indica que en el hijo común percibía una alta cantidad en concepto de pensión de alimentos decretada por la sentencia de divorcio de los padres, además del pago del alquiler y gastos relativos a la vivienda que ocupaba el hijo. Normalmente una de las causas para extinguir la pensión de alimentos suele radicar en que precisamente al alcanzar la mayoría de edad el hijo no trabaja pero tampoco continúa con su formación académica. La sentencia de este caso no es exactamente tal precisión, sino que hay particularidades y precisiones que la diferencian: el hijo mayor no trabaja, cursa estudia pero es pésimo estudiante y no se ha esforzado en sacar sus estudios correspondientes a su edad.

El caso particular señala que el hijo sigue conviviendo con su madre, ha conseguido acabar los estudios de la ESO con 20 años, cuando la edad normal está fijado en los 15-16 años, con mal expediente académico. Además, en los años posteriores existen dos años al menos que ni siquiera se había matriculado absolutamente en nada y, una vez se inició este procedimiento judicial, se matriculó sin que constara aprovechamiento por su parte.

En la sentencia referida se dictó la extinción de la pensión de alimentos del hijo mayor. Por lo tanto, la particularidad de este asunto que ya venía recogida en el propio artículo 152 del Código Civil no es por no trabajar ni estudiar, sino por la propia mala conducta del hijo mayor o falta de aplicación al trabajo.

Pero estos casos donde el hijo mayor de edad no solamente no trabaja ni estudia, conocido como ni-ni, no es causa única de las extinciones de alimentos, sino como se ha podido explicar hay otras causas recogidas en el precepto 152 del Código Civil que permiten que la extinción se produzca, evitando la situación de aprovechamiento, perpetuidad y dependencia económica «vitalicia» del hijo. Cada vez hay más sentencias que recogen casos similares donde se pronuncian a favor de la extinción de alimentos.

Si eres separado/a o divorciado/a, tienes hijos mayores de edad en similares situación y quieres acabar de una vez con esta situación, requiriendo modificación de medidas por este u otro motivo, póngase en contacto con nosotros. Los abogados expertos en derecho de familia de Don Divorcio analizarán y estudiarán las distintas alternativas y soluciones posibles a su caso particular, defendiendo sus intereses con rigor y celeridad.

 

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