El derecho del menor a ser oído y su función en los procesos judiciales

El derecho del menor a ser oído y su función en los procesos judiciales

 

Se tiene la absoluta certeza que en los procesos judiciales, especialmente en situaciones relativas al proceso de familia como es la separación o el divorcio, se pretenda proteger principalmente a los hijos menores. El problema es que se tiende a que el menor no sea escuchado cuando seguramente tenga formada su opinión sobre las decisiones que afectan a su ámbito y quiera manifestarse.

Ya desde la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño se recoge el derecho del menor a ser oído en los asuntos que sean de su interés, incluyendo los procesos judiciales.

La audiencia del menor podría servir para ayudar a esclarecer ciertos hechos o aclarar diversas controversias, incluyendo la posibilidad de saber su deseo u opinión. Esto puede tener gran repercusión en una pluralidad de acontecimientos que atañe precisamente al propio menor como son el régimen de guarda y custodia y en una variedad de procesos contenciosos. Hay que tener en cuenta que el menor puede estar influenciado por alguno de los progenitores u otros allegados. De ahí que la decisión del menor no es vinculante, sino que será necesario tenerla en cuenta junto al resto de circunstancias, primando lo más beneficioso para el menor, pero no obligatoriamente se establecerá lo que el menor desea.

Debido a la arcaica regulación legal, tanto las antiguas redacciones del artículo 92 del Código Civil como el artículo 770. 4  la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijaba como edad de referencia los 12 años, ya que se consideraba que a partir de la mencionada edad el menor tiene suficiente juicio y madurez. Se extendía que incluso el menor de 12 años excepcionalmente debería tener audiencia siempre que se demuestre la madurez necesaria para ser oído, ya incluso amparado por la propia Ley Orgánica de Protección del Menor.

La regulación sobre este deber que tenía el menor se fue modificando, siendo sustancialmente diferente en la actualidad. Debido a los cambios radicales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente en los años 2005 y 2009, generaron alteraciones en la redacción del artículo 92 C.c. y 770.4 de la LEC.

Por tanto, se resume que en la actualidad el menor de 12 años o menor de esa edad con juicio suficiente tendrá audiencia de manera opcional y no obligatoria, al arbitrio del Juez,  siempre que se cumplan determinados requisitos:

            – Solicitud del Ministerio Fiscal de oír al menor, debidamente justificada.

            – Petición del equipo técnico o de alguna de las partes del proceso, previa justificación.

            – Estimación del Juez considerando adecuado escuchar al menor visto los informes periciales y habiendo conflicto entre las partes. Esta potestad la ejercerá siempre que considere que no es perjudicial para los intereses del menor o innecesario.

            – Primordial y fundamental que el menor tenga el deseo que se produzca la audiencia.

Si necesitas resolver cualquier situación de derecho de familia, habiendo o no menores, contacte con nuestro despacho. Rojano Vera Abogados cuenta con un grupo de profesionales y especialistas en diversas materias donde estudiaremos su caso y defenderemos sus intereses mediante las mejores vías posibles para obtener el éxito deseado.

 

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¿Te pueden obligar a hacer la Comunión?

¿Te pueden obligar a hacer la Comunión?

¿Te pueden obligar a hacer la Comunión?

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha declarado que la hija menor de un ex-matrimonio deberá celebrar la primera comunión de forma obligatoria, puesto que el padre así lo desea expresamente.

¿Qué ocurre si un matrimonio divorciado discute sobre la celebración o no de la comunión de su hija? ¿Cuál sería la solución a este conflicto? La respuesta nos la ha dado muy recientemente la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, donde ha fallado en la Sentencia que la hija menor del matrimonio, tendrá que celebrar su primera comunión a pesar de la negativa de la madre y de la propia menor.

Tras la discusión de ambos progenitores sobre si su hija debía celebrar o no la primera comunión, y si debía cursar la asignatura de religión en el colegio. Acudieron a la Justicia para que resolvieran el conflicto surgido entre ambos progenitores. Esta sería una cuestión típica de Derecho de Familia.

Al principio, se estableció mediante Auto que la menor no tendría que hacer la comunión ya que no era su deseo. Pero tras la aceptación del Recurso de Apelación interpuesto por el Padre de la menor contra el Auto, se señaló lo contrario.

La motivación expuesta por la Audiencia Provincial es que la Comunión es un acto consecuente con la trayectoria católica de ambos progenitores y de la propia menor que además no genera perjuicio ni a la niña ni a la madre.

Atribuyendo también al padre la facultad de decidir sobre la matriculación de su hija en la asignatura de religión o la alternativa que se proponga a esta. Facultad que podrá llevarla a cabo durante los próximos dos cursos escolares.

La postura tomada por la madre y la hija sobre esta situación es la negativa a la celebración de la comunión. Pero según la decisión del Tribunal pesa más el camino religioso que optaron por llevar los progenitores antes que la propia decisión de la menor, puesto que los progenitores están bautizados al igual que hija. Y su matrimonio se celebró de forma religiosa.

La sentencia está atacando dos pilares esenciales, uno el de la libertad de conciencia de la madre y de la hija, las cuales tienen derecho a cambiar sus principios religiosos en cualquier momento, sin que le pueda ser impuesto el criterio o la opinión de un tercero. El padre no tenía la custodia, ni corresponde por derecho imponer credos o creencias religiosas ajenas a la voluntad de las personas.

Por otro lado, la sentencia atenta contra la independencia económica y el criterio de distribución y atribución de recursos de la progenitora custodia que tiene atribuidas las funciones propias que le son inherentes. La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, impone un gasto extraordinario a la madre, que se ve obligada a quitar dicho recurso económico quizás de necesidades básicas de la menor, para ver satisfecha una imposición venida mediante resolución judicial sobre un derecho fundamental a la libertad de conciencia de la madre y por ende también de la menor, cuyo criterio es tenido en cuenta por los juzgados de familia incluso para la atribución de la custodia.

No en vano, la Constitución Española protege la libertad de conciencia como derecho fundamental, garantizando la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

De este modo, entendemos que si la madre hubiese recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial a una instancia superior, hubiese tenido muchas probabilidades de revocar la resolución de la Audiencia Provincial de  Palma de Mallorca.

La libertad ideológica y religiosa alcanza su máxima expresión externa mediante los actos de culto, por lo tanto, el no querer participar de ellos, es un ejercicio de derecho fundamental que el artículo 17 de la Constitución redunda en su protección.

A modo de ejemplo, es como si el padre hubiese querido que el hijo fuese socio del más famoso equipo de futbol del país, porque toda la familia ha formado parte de él y le gustan los principios que cantan en su himno, y por eso se obliga a la madre a pagar el 50 % de la cuota de socio como gastos extraordinarios.

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